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| Imagen: larazon |
En América Latina, el ejercicio del poder se ha desarrollado de manera personalista, desde una lógica familiar/amical. Muchos de los gobernantes y funcionarios públicos consideran su trabajo como a un conjunto de relaciones entre amigos o familiares. De esta manera, los intereses particulares son trasladados al plano público. Esto ha generado que, por ejemplo, el patrimonio público sea custodiado como un bien privado.
En la inserción dentro de una sociedad global, hoy en día, estas características generan consecuencias directas desde lo que ocurre en un plano nacional hacia el internacional. Aún más, como menciona Beck (2008), donde lo económico tiene un peso preponderante frente al plano político, la utilización de los recursos económicos de los Estados en forma de capital individual por parte de los funcionarios públicos genera un impacto de graves consecuencias, a veces a corto y otras a largo plazo, en el sistema económico internacional y en el ejercicio del poder global. Así, en un mundo globalizado donde parecía que los estados perdían peso frente a actores como las transnacionales, el eje estado céntrico confirma su relevancia (Strange, 2001). El estado constituido como actor internacional es la garantía del sistema financiero desarrollado hasta hoy.
En los últimos dos meses, en Bolivia se ha destapado un caso de desfalco por, aproximadamente, 36,7 millones de bolivianos en el estatal Banco Unión, como expone Montero (24 de octubre de 2017). Un exfuncionario, Juan Franz Pari Mamani, exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión en Batallas retiraba grandes cantidades de dinero semanalmente a través de cajeros automáticos.
En Página Siete (2017), el fiscal de Materia, Rudy Terrazas, indicó que Pari retiraba entre 10 000 a 30 000 bolivianos diarios. En estos movimientos, el implicado actuaba en complicidad con su novia Luciana R.C. y su mejor amigo, Miguel A.S (Página Siete, jueves 28 de septiembre de 2017). Además de sus familiares, su pareja y amistades, otros funcionarios del Banco también habrían incurrido en aprovechamiento ilícito del dinero de Banco Unión.
El acusado ha declarado que su actuación se vio favorecida por la ausencia de control de los movimientos en los cajeros. Aparentemente, con la facilidad para apropiarse de los fondos pudo lavar el dinero en colaboración de sus allegados en Rent-A- Car, una productora de televisión y otros negocios. También utilizaba el dinero en efectivo y compró autos, terrenos y casas.
Algo necesario de rescatar de este acontecimiento la sensación que genera en la población y que, al mismo tiempo, propicia una actuación de especulación en términos económicos. Jaime Dunn, en El Deber (9 de octubre de 2017), afirma que el desfalco del Banco Unión ha perforado la credibilidad y confianza del sistema financiero. Él manifiesta que una vez más las entidades financieras son cuestionadas, como sucedió con la crisis del 2008. El experto explica que la sensación de inseguridad generó que el capital financiero se movilice de manera descontrolada y lleve al colapso varias economías poniendo en jaque al sistema económico internacional.
Lo sucedido en Bolivia, por lo tanto, permite analizar cómo el estado actúa como generador de confianza (garantía) o incertidumbre en el sistema internacional y cómo las características particulares de la política latinoamericana centradas en el manejo del estado bajo una lógica familiar/amical generan consecuencias nefastas para el desarrollo de la política internacional. El caso del Banco Unión de Bolivia permite afirmar que la política económica internacional financiarizada exige la contribución de los estados en términos de fiscalización y correcto manejo de los fondos para evitar graves repercusiones a nivel macro.
Omayra Peña Jiménez
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