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| Imagen: elnuevodiario |
Año tras año, millones de niñas en el
mundo quedan embarazadas en contra de su voluntad y la mayoría de ellas se
convierten en madres a una edad en la que deberían estar jugando.
En Nicaragua, según estadísticas del Ministerio de Salud, los embarazos de
niñas entre 10 y 14 años representa el 47.9% del total de niñas de esa
edad, y el 25% de todos los nacimientos en el país viene de adolescentes
entre 15 y 19 años. ¿A qué se debe esta situación? ¿Existen estrategias
estatales para contrarrestarla? Para ello se brindará un análisis detallado
sobre las cifras con el fin de dar cuenta la magnitud del problema y
posteriormente analizar la dimensión social.
Entendemos como embarazo infantil
forzado, según el Balance Regional Niñas Madre, cuando una niña queda embarazada
sin haberlo deseado y se le niega, dificulta u obstaculiza la interrupción
del embarazo. Las causas de los embarazos forzados son diversas: ineficacia de
las políticas públicas sobre educación sexual, o habiéndola tenido no
poder acceder a los métodos de prevención, y sobre todo ser víctimas de
violencia sexual. En ambas causales existe responsabilidad directa del
Estado; por un lado, por no proveer de herramientas necesarias para la
prevención del embarazo y por otro, no prevenir la violencia sexual y/o
proteger a las poblaciones vulnerables, en este caso las niñas.
Según el reporte de la OMS sobre
violencia contra la mujer, el 35% de mujeres en el mundo ha sufrido alguna
vez de violencia sexual por parte de sus parejas o de desconocidos. En América Latina,
una de cada cinco mujeres declaró haber sufrido abuso sexual en la infancia. El
año pasado, unas 5, 266 mujeres en Nicaragua fueron evaluadas por
denuncias de violencia sexual, de ellas 2, 600 fueron niñas menores de 13
años, según datos de la Coordinadora Nicaragüense que trabaja con la Niñez
y Adolescencia (CODENI). Los altos índices de violencia sexual tienen sus
orígenes en un orden social donde prima la desigualdad de género. Es una de las
tantas manifestaciones de valores, normas y tradiciones de una cultura
patriarcal que anima a los hombres a creer que tienen el derecho de
controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.
(Informe sobre violencia sexual en
Latinoamérica y El Caribe, p.11) A pesar de que existan marcos normativos,
las instituciones suelen ser comprensivas con el agresor y no con la
víctima, permitiendo la flexibilidad de las leyes que sancionan la
violencia sexual hacia mujeres. Las niñas se convierten en adultas al lado
de un bebé en un contexto de miseria que las hace más vulnerables y sin
protección estatal. Como mencionó la Directora del Movimiento contra
el abuso sexual, Lorna Norori. “no hay una política de protección. Las
instituciones de Nicaragua no solamente no están haciendo nada para
proteger a estas niñas, lo que ya es grave, sino que están lesionando sus
derechos cuando convencen a una niña de diez, once, trece años de
que tiene que aceptar su maternidad” El control de los cuerpos de las
niñas se traslada al Estado, que continúa ejerciendo violencia, cuando las
obliga a ser madres; para después, en la mayoría de casos, quedar libradas
a su suerte. Las niñas al ser obligadas a ser madres ponen en riesgo
su vida, además del proceso emocional doloroso cortándole la posibilidad
de disfrutar etapas de su vida y desarrollo.
El derecho de las niñas y
adolescentes a vivir libres de violencia y discriminación ha sido uno de
los temas más relevantes en los últimos años en América Latina. Es necesaria
una transformación social e institucional, no solo para Nicaragua sino
para toda la Región donde las tasas de embarazo infantil son las más
altas. Avanzar en este tema facilitará el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sustentable N° 5, que propone “Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y niñas” con miras al 2030.
Milagros Rodriguez
Cada autor/a se hace responsable de las opiniones
presentadas en sus textos.
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