SIEMPREVIVA

Imagen: El Financiero

Según los registros de la ONU mujeres, México cuenta con la alarmante cifra de 7 feminicidios diarios. Un caso dentro de esta alarmante estadística causó el revuelo y la movilización masiva de la sociedad civil y organizada en las principales ciudades del país mencionado como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Xalapa, el asesinato de Mara Fernanda Castilla una estudiante de 19 años. Su fallecimiento generó una ola de críticas: la víctima era consciente de la gravedad de la violencia hacia la mujer en su país lo cual manifestaba a través de redes sociales y movilizaciones, y porque a pesar de haber realizado las recomendaciones para salvaguardar su vida (taxi seguro, avisar a un familiar) culminó siendo una víctima.

El revuelo ocasionado por el caso de la joven se puede explicar a través de la definición de movilización social masiva, la cual se caracteriza por ser un hecho observable y medible, y porque revelan los intentos de responder a una innegable crisis de representación política de la democracia moderna (Ilizarbe, 2015). Se hará hincapié en la segunda característica. ¿Estamos frente a una crisis de la democracia representativa?

Por otro lado, la violencia institucionalizada analizada por la CEPAL (2007) se origina como resultado de la baja prioridad otorgada de un Estado al combate contra la violencia, inclusive, la tolerancia de estas entidades estatales frente a formas de violencia hacia mujeres de grupos minoritarios (migrantes, indígenas, afrodecendientes) y en contextos de conflictos armados. Además, en casi la totalidad de los países latinoamericanos y del Caribe, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada son las que han diseñado los modelos de atención y solución a la mencionada problemática en programas gubernamentales y de cooperación internacional.

Antes de concluir, se considera necesario explicar que las políticas públicas entendidas como el proceso de incorporación de sectores excluidos en base a la extensión de derechos, en este caso, de las mujeres, recién están instalándose. El Estado incorporó tardíamente los modelos suscritos por las organizaciones no gubernamentales y de forma precaria. De esta manera, es común la criminalización de la víctima: su condición de mujeres las transforma en sospechosas. Otras manifestaciones de la precariedad son: la repetición traumática de la experiencia de las víctimas en los procesos judiciales, la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos y la escasa prioridad que estos servicios ejercen en las políticas y presupuestos gubernamentales.

Entonces, se puede concluir que es una crisis de representación de la mitad de la población: las mujeres. Los Estados latinoamericanos y la puesta en marcha de una agenda contra la violencia hacia la mujer se encuentran en una fase primaria, ya que la democracia apenas se

encuentra intentando incorporar en esta gama de derechos que salvaguardan los Estados a las mujeres. En ese sentido, las políticas públicas se han implementado por la incesante presión de organizaciones no gubernamentales. Uno de los principales desafíos planteados por los Estados latinoamericanos es poner fin a la violencia hacia la mujer empezando con la que ejercen sus mismas instituciones: la violencia institucional.

Nicole Roxe Guevara Solis

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